AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA BAREMO DEL COMITÉ DE POSTULACIONES DEL TSJ
CIUDADANOS:
MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA SALA
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SU DESPACHO.-
Yo, VICENTE
ANTONIO AMENGUAL SOSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-3.202.469, domiciliado en la ciudad de Maracay, Municipio
Girardot del Estado Aragua, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 7178,
actuando en mi propio nombre y en defensa de mis derechos e intereses
constitucionales legítimos, acudo ante esta augusta Sala Constitucional con el
debido respeto a fin de interponer ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
contra el BAREMO DE EVALUACIÓN publicado por el COMITÉ DE
POSTULACIONES JUDICIALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA para la selección de candidatos a Magistrados y Magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia, por violación flagrante de los artículos 21, 49,
138, 255 y 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO I
DE LOS HECHOS Y
DEL PERFIL CURRICULAR DEL ACCIONANTE
PRIMERO: El suscrito cuenta con una trayectoria jurídica
ininterrumpida de cincuenta y ocho (58) años de actividad dedicada al
Derecho, comprendidos por cincuenta y seis (56) años de ejercicio activo de
la abogacía en los tribunales de la República y dos (2) años de especialización
académica e investigación en el exterior.
SEGUNDO: Egresé como Abogado de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) en la promoción 1963-1968. Fui Becario del Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, ingresando por concurso como
docente e investigador en el Instituto de Derecho Privado de dicha Facultad.
Realicé estudios de Postgrado en la Universidad de los Estudios de Nápoles (Italia),
obteniendo el título de Especialista en Derecho Civil con Tesis aprobada con la
máxima calificación (70/70 puntos). Posteriormente obtuve el título de
Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB).
TERCERO: Mi labor en la judicatura comprende el ejercicio como
Juez Accidental de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, Juez Superior
Ponente en lo Penal, y Juez Superior Provisorio en lo Civil (Bienes) y de lo
Contencioso Administrativo de la Región Central. Debo decir, igualmente,
que en el año 1975 fui designado Relator del Juzgado Superior en lo Civil del
Estado Aragua, con sede en Maracay. Igualmente, desempeñé funciones de Juez de
Primera Instancia en lo Civil, con sede en La Victoria, Juez Suplente en el mismo
Juzgado Superior en lo Civil del Estado Aragua, Juez de Juicio del Circuito
Penal del Estado Aragua y Juez Segundo de Control del mismo circuito. Debo
alegar que, lamentablemente, estos últimos cargos no aparecieron registrados en
los archivos de la Dirección Ejecutiva de Magistratura (DEM) siendo hechos
públicos y notorios que cumplí esas funciones. Esto me expresó dicho ente en
la oportunidad de la anterior postulación de este mismo año y que fue
sustituida por la que hoy está en vigencia. (Ver currículo)
CUARTO: En la función pública y universitaria, fundé la
Oficina de Asesoría Jurídica de la UCV Campus Maracay, sirviendo como Asesor
Jurídico de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. Pertenecí
durante 22 años a la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV. Fui
Asesor de la Procuraduría General del Estado Aragua, de la Sindicatura
Municipal de Girardot y de diversas Alcaldías (Sucre y Mario Briceño Iragorry,
ambas del Estado Aragua, además de integrar la Comisión Redactora de la
Constitución del Estado Aragua (1994).
Me tocó presidir la Comisión del Colegio de Abogados del Estado Aragua
que presentó al entonces Congreso Nacional, un proyecto de ley sobre amparo
de derechos y garantías constitucionales. Ver currículo)
QUINTO: En el ámbito de las corporaciones de Derecho Público,
he sido electo democráticamente por la voluntad soberana del gremio en cuatro
(4) oportunidades para dirigir el Colegio de Abogados del Estado Aragua,
habiendo desempeñado la Presidencia del Colegio de Abogados del Estado
Aragua durante dos periodos consecutivos (1992-1993 y 1994-1995), la
Secretaría de la Junta Directiva, la Secretaría del Tribunal Disciplinario y la
Dirección del Instituto de Estudios Jurídicos. Mi labor gremial ha sido
reconocida con la Orden Cristóbal Mendoza y por la Federación de
Colegios de Abogados de Venezuela. En el currículo anexo abundan distinciones
de diversos entes.
SEXTO: En el ámbito doctrinal, he publicado ensayos en la
histórica Revista de Derecho Público (Nos. 23, 45 y 107) en materia de
espacios acuáticos, responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y
garantías constitucionales, ejerciendo además la docencia de postgrado en la
UNERG y manteniéndome activo como Árbitro en la institución "Espacio
Arbitral".
CAPÍTULO II
DEL ACTO
AGRAVIANTE Y LOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Baremo de
Evaluación publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales establece una
tabla rígida de 100 puntos que incurre en vicios de inconstitucionalidad
absoluta por los siguientes motivos de Derecho Público:
1. Violación del
Artículo 263 Constitucional (Subversión de las Vías Disyuntivas)
El artículo 263 de
la Constitución establece tres (3) vías alternativas y disyuntivas para
acreditar la idoneidad: 15 años de ejercicio libre, 15 años de judicatura
superior o 15 años de cátedra universitaria titular. El Baremo fragmenta
arbitrariamente estas vías en casillas acumulativas de 19 puntos, penalizando
matemáticamente a quienes ostentan trayectorias integrales o exclusivas en el
ejercicio libre o en la academia, contraviniendo el texto expreso del
Constituyente.
2. Omisión
Deliberada del Mérito Gremial y Democrático (Desviación de Poder)
El Baremo asigna
puntuación a cargos burocráticos pero suprime completamente cualquier
valoración a la dirección de los Colegios de Abogados, sus Tribunales
Disciplinarios y sus Institutos de Estudios Jurídicos. Tratándose de
corporaciones de Derecho Público cuyos líderes son electos democráticamente por
votación popular de miles de abogados, su exclusión evidencia una desviación
de poder: se intenta neutralizar la legitimidad democrática independiente
no cooptada, discriminando el liderazgo gremial electo.
3. Invisibilización
de las Academias y Reconocimientos Institucionales.
El Baremo desconoce la
pertenencia a las Academias de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como las
condecoraciones y reconocimientos otorgados por universidades públicas y gremios,
vulnerando los principios de honorabilidad y reconocida competencia técnica
exigidos por los artículos 255 y 263 de la CRBV.
4. Imposición de
Prueba Diabólica e Imposible (Art. 49 CRBV)
Se pretende exigir
certificaciones materiales sobre expedientes judiciales de hace décadas que no
reposan en los archivos centralizados de la DEM, desconociendo la notoriedad
judicial de un ejercicio profesional continuo por más de medio siglo,
vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso.
5. Arbitrariedad en
la Entrevista Oral (15 Puntos)
Este punto es de
los más increíblemente injustos, desmedido, maleable e injustificado.
Se reservan 15
puntos a una entrevista oral subjetiva para calificar la "solvencia
ética" y la "imparcialidad", convirtiendo una evaluación de
méritos en un filtro discrecional e ideológico. Ya todo eso queda evidenciado
en las constancias acompañadas personalmente al Baremo, las cuales no pueden
ser derribadas ni destruidas en pocos minutos de un interrogatorio.
Pero más grave
aún, es pretender exigirle a un candidato a Magistrado respuestas sobre la o
las materias para la cual se ha presentado en las Salas del TSJ. Es decir, lo
van a interrogar como si se tratase de un estudiante de pregrado y no como una
persona que ha acreditado el conocimiento de las materias en las que ha
transcurrido su vida profesional. El interrogatorio debe servir de manera
objetiva solo para que el candidato a Magistrado, revele sus planes de impacto
y desarrollo de la nación en el ámbito judicial, los conocimientos organizativos
con los que cuenta, su destreza en situaciones importantes y los recursos
técnicos y morales que posee. Hacer lo que el Baremo pretende, es admitir la
posibilidad de un filtro
Así las cosas,
ciudadanos Magistrados nos encontramos con que el Baremo al que hacemos
referencia, echa por tierra, literalmente desnuda y acaba de un plumazo, con
más de sesenta años (60), (sumándole a los 58 de egresado, dos años que tuve
como empleado por concurso del Instituto de Derecho Privado de la Universidad
Central de Venezuela, ver currículo) de estudios, desvelos, viajes, sentencias
emitidas, sacrificios, injusticias dirección gremial, asesorías, contrataciones
de entes públicos y empresas privadas) etc.) Esto es, definitivamente,
absurdo, inconstitucional, arbitrario, discriminatorio y despojador de mis
derechos profesionales y humanos.
CAPÍTULO III
PETITORIO
CAUTELAR Y DE FONDO
Por los motivos
expuestos, acudo ante esta Sala Constitucional para solicitar:
Se declare la procedencia de la presente
solicitud de amparo constitucional y para el restablecimiento de la
situación jurídica infringida, se ordene al ente señalado como agraviante el
cese de las amenazas que se evidencian en la forma en la que se pretende escoger a los nuevos
magistrados del TSJ; esta petición incluye, igualmente, el cese en la
materialización de la violación a mis derechos constitucionales antes
explicados, pues algunas de esas violaciones se han producido con la sola
emisión del prenombrado Baremo. Además:
1. MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS: Se ordene la suspensión temporal de la aplicación del
Baremo de Evaluación respecto al proceso de preselección de Magistrados al TSJ
mientras se decide el fondo del asunto.
2. DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE NULIDAD: Se declare la inconstitucionalidad del Baremo de
Evaluación aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales y se ordene la
emisión de un nuevo instrumento que pondere cualitativamente la trayectoria
integral, el ejercicio profesional de más de 50 años, el mérito académico, la
producción intelectual en revistas especializadas y el liderazgo gremial
democrático conforme a los artículos 21, 49, 255 y 263 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Es justicia que
espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
(Fdo.) VICENTE
ANTONIO AMENGUAL SOSA
C.I.
V-3.202.469 | Inpreabogado N° 7178
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