LA DEFENSA DEL CIUDADANO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

 Antes de entrar en la materia del tema, recuerdo a los lectores que la cuenta de correo AbogadoNomadaDigital@gmail.com, tiene por objeto de ser receptora de consultas que se llevarán a cabo en la forma en que allí se indica en este blog.

Como bien saben los estudiosos del Derecho Administrativo y particularmente aquellos que litigan en ese campo, generalmente todo proceso se ventila primeramente en la vía administrativa propiamente dicha, es decir, dentro del mismo órgano que dicta una providencia administrativa que interesa (lo afecta, por lo general) a un particular. Digamos, por ejemplo, una decisión de un alcalde negando un permiso de construcción. En la misma Alcaldía se lleva a cabo un proceso interno que tiene su trámite y que concluye con la decisión de la máxima autoridad.

Pero esa decisión, si el interesado considera que lo lesiona, puede llevarse a conocimiento de la autoridad judicial, encargada de verificar si la decisión del órgano administrativo (el alcalde, en nuestro ejemplo) está apegada o no a derecho.

Si la autoridad judicial considera que sí lo está, entonces el permiso de nuestro ejemplo queda definitivamente negado. Pero si la autoridad judicial considera que la decisión está viciada de nulidad, entonces el particular puede hacer lo que se le había negado. (O no hacerlo, en caso que la decisión le hubiese impuesto una obligación ilegal, por ejemplo, derribar una pared)

Mi criterio personal, respaldado por amplia experiencia desde diversos ángulos, es que la fase más importante es la que se desarrolla en la vía administrativa, pues es allí donde se van a fijar todos los aspectos que darán vida a la decisión. Allí se genera, nace, el acto administrativo Y es donde el abogado tiene más amplias facultades de investigación y solución.

La intervención del contencioso administrativo (la vía judicial) básicamente revisa la legalidad o ilegalidad del acto administrativo, es decir, su identidad o no con el Estado de Derecho.