TRIBUNALES DE PROTECCIÒN EN ARAGUA
Supongo que los tribunales de protecciòn de niños y adolescentes del Estado Aragua (seguramente al igual que en el resto del paìs, al igual que la justicia en Venezuela de estos tiempos, al igual que la justicia venezolana de siempre), tienen una evidente precariedad.
Es un problema de identidad nacional. El venezolano promedio no tiene el sentido necesario de la institucionalidad judicial y eso se lleva al gobierno de que se trate. Darle importancia a la justicia es una deuda històrica de los gobiernos venezolanos.
La jurisdiciòn de menores necesita eso màs que nadie. Se trata de conformar un sistema exhaustivo en todo aspecto. Y no se està lejos.
Los funcionarios de protecciòn en Aragua tienen excelente formaciòn para atender las necesidades del pùblico; tambièn gozan de respeto por la ciudadanìa y los abogados. Es comprobable fàcilmente la vocaciòn de servicio, la calidad humana y el deseo de ser ùtiles.
Pero pueden hacer mucho màs y la verdad es que carecen de recursos para ello.
Por lo pronto, denuncio dos (2) cosas que me parecen absolutamente injustificables, una de las cuales no depende para nada de los jueces ni del personal:
1) Para atender al pùblico y recibir escritos (OAP y URDD) no puede obligarse a los abogados que hagan cola junto con el pùblico en general. Los abogados representan mùltiples intereses y no pueden dedicar tanto tiempo a un solo asunto. Esa es una falsa igualdad. Esto lo pueden resolver allì mismo los jueces.
2) El àrea del archivo es un salòn sin mesòn para escribir, donde se encuentra gran cantidad de pùblico para ser atendido, provocando hacinamiento en un espacio tan pequeño. El abogado no puede escribir còmodamente y sin ruido. Esto es parte del sistema que no ha tomado en cuenta lo señalado.
El Colegio de Abogados deberìa tener una participaciòn decisiva en la soluciòn de estas anomalìas. Tal vez ni lo sepan o no les importa.
Es un problema de identidad nacional. El venezolano promedio no tiene el sentido necesario de la institucionalidad judicial y eso se lleva al gobierno de que se trate. Darle importancia a la justicia es una deuda històrica de los gobiernos venezolanos.
La jurisdiciòn de menores necesita eso màs que nadie. Se trata de conformar un sistema exhaustivo en todo aspecto. Y no se està lejos.
Los funcionarios de protecciòn en Aragua tienen excelente formaciòn para atender las necesidades del pùblico; tambièn gozan de respeto por la ciudadanìa y los abogados. Es comprobable fàcilmente la vocaciòn de servicio, la calidad humana y el deseo de ser ùtiles.
Pero pueden hacer mucho màs y la verdad es que carecen de recursos para ello.
Por lo pronto, denuncio dos (2) cosas que me parecen absolutamente injustificables, una de las cuales no depende para nada de los jueces ni del personal:
1) Para atender al pùblico y recibir escritos (OAP y URDD) no puede obligarse a los abogados que hagan cola junto con el pùblico en general. Los abogados representan mùltiples intereses y no pueden dedicar tanto tiempo a un solo asunto. Esa es una falsa igualdad. Esto lo pueden resolver allì mismo los jueces.
2) El àrea del archivo es un salòn sin mesòn para escribir, donde se encuentra gran cantidad de pùblico para ser atendido, provocando hacinamiento en un espacio tan pequeño. El abogado no puede escribir còmodamente y sin ruido. Esto es parte del sistema que no ha tomado en cuenta lo señalado.
El Colegio de Abogados deberìa tener una participaciòn decisiva en la soluciòn de estas anomalìas. Tal vez ni lo sepan o no les importa.
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