ORIENTACIÓN LEGAL EN CONCURSOS, ESPECIALMENTE DOCENTES.

No creo que en este país haya un solo caso de alguien que haya tenido la ocurrencia de consultar un abogado, antes de de presentarse en un concurso para cualquier cargo, ni siquiera en la función docente. Ni en el propio sistema universitario.

Pero si eso se hiciese, la realidad del país sería diametralmente distinta. La cultura concursal del país es pobrísima. Generalmente se cumple con ella tan solo para cubrir exigencias legales y no son pocos los concursos de solo apariencia – donde el ganador ya ha sido predestinado por muchas razones, excluyendo la verdadera – o de mero trámite o sin exigir o dar nada a fondo.

Los concursos para cargos judiciales fueron, en un tiempo, el emblema de esa miseria humana, en muchos casos. En mi función gremial, me tocó ser testigo de excepción de una significativa prueba en la materia.

Aún así, esa realidad es tan grave porque, en buena medida, es el propio interesado, el o los concursantes, quienes facilitan los vicios y corruptelas.

Aceptemos, en primer lugar, que en nuestro país no está consagrada la orientación legal en materia concursal como una especialidad, sino que a ella nos dedicamos los especialistas en Derecho Administrativo que por alguna razón actuamos en organismos donde se producen concursos para obtener un cargo o para avanzar en el escalafón.

En mi caso particular, además de la experiencia gremial y judicial, que no es muy abundante, puedo añadir mis 21 años al servicio de la Asesoría Jurídica en la Universidad Central de Venezuela.

Y en tal sentido, puedo asegurarles que en un porcentaje importante, la situación de un concurso cambia en favor del aspirante, si  tan solo se le ocurre vigilar todo el proceso a través de un abogado, lo cual no le genera grandes costos. Invocando no disponer de recursos para ello, la mayoría se aventura al concurso sin ninguna asesoría, lo que en no pocas ocasiones lo obligará a gastar mucho más en el futuro, lo cual tendrá inexorablemente que hacer.

Anticipar aquí alguna estrategia sería irresponsable, puesto que hay cientos de formas concursales y para diversas funciones públicas. Desde que se abre un concurso hasta que se emite el veredicto y después de este, hay mucho por hacer para proteger a un concursante.